En La Araucanía, una lectura aún confusa

La entrevista a la delegada presidencial del BioBío, publicada en nuestra edición de ayer, dio cruda cuenta de hasta qué punto la inseguridad y la violencia -fundamentalmente relacionadas con lo que ella llama “el conflicto en Arauco”, pero también otras situaciones puntuales como el reciente paro de subcontratistas de Enap- han sido preocupaciones centrales de su aún breve gestión.

Aceptar que poner fin a la violencia es la principal responsabilidad del Estado parece un objetivo políticamente lejano.

Como ella misma reconoce, se trata de un problema con múltiples aristas que no cabe reducir a una dicotomía entre “terroristas” y “pueblos originarios”, pero en su propia enumeración de los factores en juego destacan elementos que contradicen la lectura de que, como por años ha sostenido una parte del espectro político, lo que allí ocurre es, en esencia, la expresión de un conflicto histórico entre una minoría indígena vulnerada y el Estado chileno. Así, aunque la autoridad alude a las “reivindicaciones originarias” como parte de la ecuación -y evita hablar de terrorismo-, lo hace sólo tras mencionar primero la delincuencia común, el robo de madera y el crimen organizado.

Las medidas que pone sobre la mesa para enfrentar aquello -vehículos blindados, más carabineros, cámaras de vigilancia, entre otras- dan cuenta de una situación que excede con creces el cariz de un conflicto social, y no excluye un eventual cambio a la ley “para poder utilizar también a las FFAA en la protección de la zona”. Que dicha modificación sea necesaria no es claro, dado que el propio gobierno decidió levantar el estado de emergencia que permitía, justamente, el recurso a las FFAA, y que había sido decretado por la administración anterior. Sin embargo, su sola consideración da cuenta de una mayor sobriedad en el diagnóstico de la realidad en terreno, que el que se desprende de un supuesto “conflicto mapuche”.

Ante ello, es paradojal la insistencia en temas como la recuperación de tierras, aun cuando sea bienvenida la idea de reparación para todas las víctimas de la violencia, por largo tiempo postergada. Aceptar que restaurar la paz es la principal responsabilidad del Estado sigue siendo, al parecer, un objetivo políticamente lejano.